El gasoducto que les robara la vida a comunidades indígenas.
Doña Maura camina entre el maíz que ha cultivado, revisa cuidadosamente cada hoja para asegurarse de que no haya plagas, ve con orgullo las mazorcas que han comenzado a salir: “Todavía están tiernas, les falta tiempo”, concluye. Es la última semana de julio y no ha llovido. Ella espera que pronto lleguen las lluvias para que su cultivo crezca y así tener alimento para el próximo año.
La fuente de sustento de Maura Aparicio Torres está en peligro: la mujer de 47 años puede perder su terreno. Ella recuerda con tristeza cómo una tarde, después de trabajar en el campo, encontró a un hombre caminando entre sus maizales, pisando sin cuidado sus cosechas, observando, tomando nota… este hombre volvió días después para exigirle los papeles que validaran la propiedad del terreno con la única explicación de: “Vamos a construir un gasoducto”.
En noviembre de 2015 la empresa TransCanada ganó la licitación otorgada por la Comisión Federal de Electricidad (intervino esta empresa estatal, y no Petróleos Mexicanos, por tratarse de un proyecto para generar energía) para construir y operar el gasoducto Tuxpan-Tula: un sistema de 250 kilómetros que transportará diariamente 886 millones de pies cúbicos de gas natural a través de Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.
Para la construcción de este megaproyecto será necesario excavar gran parte del terreno de doña Maura, a quien le prometieron dejar todo “en su lugar” después de la instalación del ducto. Ella no les cree; sabe que después no podrá volver a cultivar ahí.
La ruta del gasoducto Tuxpan-Tula pasa por el pueblo otomí de Chila de Juárez, Puebla, lugar de nacimiento de doña Maura, de su esposo y de sus tres hijos. Su familia depende por completo de sus cultivos de maíz y cacahuate: gran parte de lo cosechado es para el autoconsumo; venden lo poco que sobra. “Nuestra tierra es muy valiosa, por ella comemos, por ella sembramos y sin ella no podemos seguir”.
La ruta de la destrucción
El empleado de TransCanada ha visitado a doña Maura en múltiples ocasiones y siempre ha intentado convencerla de entregar las escrituras de su casa y de su terreno. “El hombre me ofreció dinero. ‘¿Cuánto?’, pregunté. Nunca lo especificó. También me dijo que me iban a reubicar en algún otro lugar”, relata.
Doña Maura se ha rehusado a entregar los papeles a pesar de amenazas como: “Si ustedes dan permiso o no, si aceptan el dinero o no, esto va a pasar. Es un hecho”. Ahora la mujer tiene miedo: “Van a pasar sobre mí. ¿Y si nos ganan? ¿A dónde nos vamos a meter?”.
Ella y su familia no son los únicos perjudicados por el megaproyecto de TransCanada. El ducto cruzará 465 comunidades: pasará por casas, sembradíos, manantiales y cerros sagrados para los pueblos indígenas.
Con esta construcción se verán dos clases de desplazamientos: el primero será inmediato, como en el caso de doña Maura, debido a que sus hogares están dentro del área núcleo (50 metros alrededor del ducto); el segundo será a largo plazo, debido a que la destrucción de manantiales dejará sin agua a cientos de comunidades.
Estimaciones del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo apuntan a que el megaproyecto afectará a 260 mil personas.
La resistencia
Doña Maura se sienta sobre un montón de leña apilada frente a su casa, recarga su espalda en la pared y mira hacia su terreno. Suspira. Es difícil para ella defender lo que es suyo ante tanta insistencia por parte de la empresa y las autoridades mexicanas que permiten la construcción, pero ella resiste. Al contar su historia, su rostro muestra la desesperación que vivió cada vez que veía la camioneta del enviado de TransCanada estacionada frente a su campo. Ella sólo pensaba: “¿Qué podemos hacer? Ya no puedo sola”.
Por ello buscó ayuda y quiso organizarse. Varias comunidades de la Sierra Norte de Puebla –entre éstas Chila de Juárez– se agruparon para buscar una solución y así se formó en 2016 el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo. Para doña Maura, la existencia de este consejo ha sido un alivio: “Solos no podríamos hacer nada”.
Al principio este consejo regional se dedicó a buscar información sobre el gasoducto, investigar cuáles fueron los documentos y permisos necesarios para su construcción y si se incumplió algún requisito. Por ejemplo, el gobierno debe hacer un estudio sobre los posibles peligros para los habitantes y el medio ambiente. La Secretaría de Energía hizo ese estudio pero minimizó el impacto real: no menciona la necesidad de despojar a miles de personas de sus hogares. Esto es lo que critica el abogado Raymundo Espinoza Hernández, asesor legal del consejo.
Espinoza cuenta que el gasoducto está prácticamente terminado. Sólo los pueblos de la Sierra Norte de Puebla y de la Sierra Hidalguense siguen en la lucha, se han rehusado a vender sus terrenos a TransCanada a precios injustos, como sí lo hicieron los campesinos e indígenas de Veracruz.
El gasoducto Tuxpan-Tula debía comenzar a funcionar en enero de 2018, pero la lucha legal del consejo ha logrado retrasar su construcción: se tramitaron cuatro amparos para evitar que TransCanada entre a Chila de Juárez y a otras tres comunidades de Puebla e Hidalgo.
Sin embargo la compañía se ha vuelto más agresiva: continúan presionando a los habitantes para entregar los papeles de sus terrenos a cambio de dinero, los aterrorizan para dividir a las comunidades, argumentando que “otros pueblos ya han negociado, les conviene negociar con nosotros”, y han entrado furtivamente para continuar con sus planes.
Doña Maura y los habitantes de Chila de Juárez están siempre atentos a cualquier persona desconocida que cruce por sus tierras. La desesperación de los pueblos ha crecido a niveles inimaginables: la comunidad vecina de San Pablito intentó linchar a empleados de la compañía canadiense y de la Secretaría de Energía cuando descubrieron que entraron al pueblo fingiendo ser turistas.
Doña Maura no puede dormir tranquila, ella prefiere solucionar el problema por la vía legal, sin recurrir a la violencia, como en San Pablito.
Espinoza cree que no hay garantía de ganar esta lucha. TransCanada seguirá invadiendo terreno y habrá una mayor presencia de la Secretaría de Energía en las comunidades. “Al gobierno mexicano no le importan sus comunidades indígenas, prefieren actuar como facilitadores para compañías extranjeras, aunque eso implique sacrificar a uno de los sectores más vulnerables. Se aprovechan de la ignorancia y de la necesidad”.
Mientras tanto a doña Maura no le queda más que esperar. Además aún tiene una familia a la que debe cuidar. Entra a su pequeña cocina, toma unos leños, prende fuego y coloca un comal sobre él. Se acerca a una bolsa llena de granos de maíz, toma un puñado y lo coloca en un pequeño molino desgastado para formar una pasta, después la oprime entre sus manos, le agrega agua y amasa la mezcla. Hace una pequeña bola, la aplana y la pone en el comal ardiente, repite este proceso varias veces. Las tortillas están listas.
Doña Maura se sienta con su familia a la mesa. Come lentamente mientras observa el cerro sagrado El Flojo.
La ceremonia más importante para la gente de Chila de Juárez es la rendición de culto a Margarito, una roca que simboliza al dios de la lluvia y que está ubicada en el cerro sagrado. Le bailan durante todo un día en el mes de mayo, cuando son más necesarias las lluvias para sus cultivos.
Según la historia popular, Margarito era un joven que subió al cerro en busca de agua, y antes de llegar a la cima decidió sentarse a descansar un momento; pero pasó tanto tiempo reposando que se convirtió en piedra, para así siempre quedarse en Chila.
Así como Margarito, doña Maura está decidida a no moverse de su pueblo porque ahí nació, ahí creció y ahí se quedará, en pie de lucha por su tierra.
Información de: Proceso
